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Shock de reestructuraciones

 

Qué es M&A?¿Qué son las fusiones y adquisiciones?

Estamos atravesando por una de las peores recesiones de nuestra historia. El shock del COVID-19 y, sobre todo, las medidas implementadas para hacerle frente han llevado a que este año la economía peruana sea una de las que más se contraiga en el planeta. Algunos funcionarios del gobierno piensan que la recuperación será muy rápida y que estamos frente a una recesión en forma de “V” (caída pronunciada y pronta recuperación). Ojalá, pero poco probable. Todo indica que la recuperación se dará, pero que va a ser lenta (forma de “U”).

Promover la inversión privada en la actual coyuntura económica y política es un enorme reto. Tal vez, donde se pueda tener mayor éxito –por la rapidez y los montos involucrados– es en el caso de la minería. En el caso del aparato productivo orientado al mercado interno, muchas empresas han sufrido un shock enorme y su recuperación va a requerir de mucha coordinación. En este último caso no se trata tanto de atraer nuevo capital (inversión), como de salvar aquel que ya se ha invertido. Se requiere promover la reestructuración empresarial y evitar la liquidación de las empresas, y, cuando esto último sea inevitable, debe propiciarse que la liquidación sea rápida y ordenada, que preserve el valor de los activos del negocio.

Los programas de reestructuración bajo el paraguas de Indecopi –los denominados procesos concursales– pueden ser una herramienta valiosa para salvar el capital ya invertido en las empresas. Desgraciadamente, hasta ahora, la mayor parte de compañías que entran a estos procesos terminan liquidándose y, además, de manera ineficiente. Según las estadísticas del Indecopi, aproximadamente el 97% de las empresas han tenido este destino. Y, según el ranking Doing Business 2020 del Banco Mundial, a través de estos sólo se consigue recuperar el 31.3% de los créditos en un plazo promedio de 3.1 años (mientras que en Chile y Colombia las tasas de recuperación son de 41.9 % y 68.7%, y los plazos promedio de 2 y 1.7 años, respectivamente).

Por ello resulta indispensable un sistema concursal que propicie la coordinación entre acreedores, en vez de la competencia por cobrar primero. Para salvar empresas y puestos de trabajo, los procesos concursales deben ser oportunos y eficientes. Sin embargo, en el Perú, no lo son. Ya sea por los requisitos o por la carga procesal de Indecopi, estos demoran 3 meses en admitirse (y para solicitarlo las empresas tienen que prepararse con, por lo menos, 2 meses de anticipación) y, luego, pasan más de 10 meses hasta que los acreedores se reúnen para decidir el destino de la empresa.

El reciente “Procedimiento Acelerado de Refinanciación Concursal” (PARC), apunta a corregir estos problemas y algunas de sus disposiciones deberían replicarse en los demás procesos concursales. Sin embargo, y a pesar de sus méritos, su acogida ha sido muy fría. La desconfianza en el sistema concursal, generada por años de malos resultados, ha llevado a que muy pocas empresas se acojan al PARC (al momento de escribir este artículo, solo una lo había hecho).

Ante actual crisis, un sinnúmero de empresas necesitará reestructurarse de manera ordenada y coordinada con sus acreedores; si no lo hacen, quebrarán. Para que el sistema concursal pueda ayudarnos a minimizar la destrucción de valor, se requiere de un shock de reestructuraciones, pero, para ello, el sistema concursal debe funcionar de manera oportuna y segura; y esto no se obtiene únicamente con una ley. Es necesario, reforzar al Indecopi así como articular su actuación con el Poder Judicial y el Ministerio Público.

Artículo por: Carlos E. Paredes y Gonzalo De Bracamonte

Publicado en diario Gestión el 23 de julio de 2020

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¿Cómo reactivar la economía?

En los últimos 50 años, hemos tenido por lo menos cinco crisis económicas importantes: la del gobierno de Morales Bermúdez en los años 77-78; la de Belaúnde en la primera mitad de los años 80, asociada al Fenómeno del Niño y a la crisis de la deuda externa; la mega recesión con hiperinflación del primer gobierno de Alan García (88-90); la recesión del 98 (explicada por el Fenómeno del Niño y las consecuencias financieras globales de la moratoria rusa); y la crisis financiera internacional del 2008-09. Además, la economía peruana se desaceleró de manera significativa a partir del 2014, sin haber recuperado las altas tasas de crecimiento que registramos en los diez años anteriores.

Ahora, el COVID-19 y las medidas tomadas para combatirlo han generado la recesión más fuerte de la que tengamos cifras: una posible caída de 15% en el PBI de este año –peor que aquella registrada en 1989 (-12.3%), cuando sufríamos de hiperinflación, terrorismo y aislamiento financiero internacional. A pesar de su magnitud, la actual crisis no sería la más grande en términos acumulados, pues en el periodo 1988-90, el PBI registró una caída de -24.5%, y en el caso actual se espera un rebote en el 2021. Sin embargo, la incertidumbre actual es muy grande; se agrava por el calendario político, así como por las acciones y mensajes de políticos inexpertos e irresponsables.

Históricamente, nos hemos recuperado con políticas macroeconómicas coherentes, con paciencia y/o con shocks externos favorables. En efecto, con políticas macro adecuadas, la economía absorbe los shocks, se ajusta y gradualmente empieza su recuperación. La economía mundial también juega un papel importante: precios de exportaciones y flujos de capital. La recuperación económica se facilita con un entorno político estable que reduce la incertidumbre. La razón es simple: la recuperación usualmente la lidera la inversión privada o un shock exportador.

Hoy, debido a la gran incertidumbre generada por la crisis sanitaria y las inclinaciones populistas de nuestra clase política, pensar que en los próximos 12 o 18 meses se producirá un incremento sustancial en la inversión privada es poco realista. ¿Qué se puede hacer, entonces? ¿Inversión pública? Difícil, debido al miedo a tomar decisiones que impera en el sector público y la escasez de proyectos que puedan ser ejecutados rápidamente.

No obstante, para salir del foso, no nos queda otra salida que aplicar las viejas recetas keynesianas. Hay que salir a ‘tapar los huecos’ con inteligencia (no hay necesidad de ‘abrirlos’, la falta de mantenimiento de la infraestructura ya se encargó de eso). El gobierno puede y debe anunciar un ambicioso programa de reparación y mantenimiento de nuestra depreciada infraestructura de servicios públicos básicos (salud, educación, seguridad). Pero, no lo debe hacer vía el mecanismo tradicional de obras públicas.

Recientemente, escuchamos al primer ministro británico, Boris Johnson, con motivo de la firma del acuerdo gobierno a gobierno entre el Perú y el Reino Unido para ejecutar la reconstrucción del norte. Han pasado más de tres años desde el Niño Costero del 2017 y la reconstrucción, a pesar de no contemplar obras complejas, tiene un atraso enorme. El sector público sencillamente no puede solo. El decepcionante manejo de la pandemia, caracterizado por un distanciamiento innecesario del sector privado, así lo demuestra. Claramente, necesitamos usar arreglos institucionales innovadores como, por ejemplo, el utilizado para los Juegos Panamericanos (también con la ayuda del gobierno británico). Es hora de pedir ayuda, de convocar, en vez de ahuyentar.

Publicado en diario Gestión, 09 de julio de 2020

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Otra vez, los controles de precios

“La primera lección de economía es la escasez: nunca existe lo suficiente de algo para satisfacer las necesidades de todos. La primera lección de la política es olvidar la primera lección de economía.” Esta frase de Thomas Sowell cobra relevancia en el Perú de hoy. Nuevamente, escuchamos en los medios de comunicación y en el Congreso, propuestas de controles de precios con el objeto de promover el acceso a productos y servicios de primera necesidad a los sectores de menos recursos. Ejemplo de esto es el reciente proyecto ley para regular los precios de medicamentos y de productos para la protección de la salud en estado de emergencia sanitaria, promovido por la bancada del Frente Amplio.

¿Acaso, establecer topes a los precios resuelve el problema de la escasez o, más bien, lo podría agravar? El populismo, con toda la irresponsabilidad que lo caracteriza, nos está tocando la puerta nuevamente. Aquí no se trata de recitar el credo del economista neoliberal –según el cual los controles de precios y muchas otras formas de intervención estatal destruyen valor y generan un enorme costo social–, sino de ser pragmáticos y no proponer políticas que ya nos han causado mucho daño en el pasado.

Los economistas enfatizan que los precios relativos son las señales básicas que sustentan la economía de mercado. Los precios fijados por la interacción de la oferta y la demanda proveen mucha información, y a partir de ella los agentes económicos toman un sinfín de decisiones. Los controles de precios distorsionan estas señales, generando grandes ineficiencias y racionamiento. Es decir, aseguran que la población no pueda acceder a la cantidad deseada del producto o servicio cuyo precio se controla. Pero, además de esto, este tipo de iniciativas incrementan la incertidumbre a los inversionistas, lo cual ahuyenta el capital y reduce el crecimiento y el empleo. Así, el problema no es solo de estática comparativa, sino básicamente uno de dinámica macroeconómica.

Habiendo pasado por el descalabro económico de los años 80, es increíble volver a escuchar este tipo de propuestas. En aquel entonces se intentó controlar los precios de los alimentos básicos, el tipo de cambio y las tasas de interés, entre otros. ¿El resultado? Colas interminables para conseguir un poco de azúcar, leche o arroz; racionamiento cambiario y crediticio, a la vez que florecían los mercados negros y la corrupción. ¿Por qué sucedió esto? Porque los controles de precios no alivian el problema de falta de acceso a un determinado producto, sino que lo empeora: a menor precio, menor volumen ofertado.

Hace más de 30 años que no tenemos controles de precios para los alimentos, y verificamos más producción y más consumo per cápita de productos de primera necesidad que cuando habían controles de precios. En este periodo, tampoco controlamos el tipo de cambio ni las tasas de interés, y las reservas internacionales y el nivel de crédito llegaron a sus niveles más altos. Y en materia de precios de combustibles, hace cerca de 10 años que el número de productos sujeto al Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles se viene reduciendo. Hace 2 meses, se excluyeron de la lista 2 de los últimos 3 combustibles que quedaban, por generar un alto costo fiscal y no beneficiar a los más pobres. Así de claro y simple: ¡los controles de precios no funcionan!

Y hoy en día, cuando vemos a los políticos proponer controles de precios en el sector salud y congelar los intereses en el sistema financiero, justamente en el contexto de la actual crisis, cabe preguntarse: ¿No han aprendido nada? ¿Qué viene después, expropiaciones y más empresas públicas?

 

Publicado en Diario Gestión, 25 de junio de 2020

 

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¿Más Estado y menos mercado?

En las últimas dos semanas, probablemente muchos peruanos desarrollaron o afianzaron su rechazo a la empresa privada y a la economía de mercado. Sin duda, las innumerables noticias y declaraciones sobre el precio del balón de oxígeno, los precios de los medicamentos, los supuestos cobros de las clínicas privadas por las pruebas moleculares del COVID-19, contribuyeron a esta desazón con la iniciativa privada. Hoy, gracias también a un periodismo que hace poca investigación, se cuestiona el rol de la empresa privada en el sector salud y, peor aún, la conveniencia del modelo de economía de mercado.

Desgraciadamente, muchas veces se opina y se escribe en base a información parcial y, peor aún, parcializada. Si lo que se quiere es aportar –en contraposición a figurar– resulta indispensable contar con información fidedigna antes de abrir la boca o levantar la pluma. Por ejemplo, las noticias, opiniones y proyectos legislativos respecto de los precios de medicamentos, probablemente no partieron del monitoreo de los precios que se registran en el Observatorio de Productos Farmacéuticos y seguramente no tomaron en cuenta qué había sucedido con los precios internacionales de los insumos. Si los costos suben, es natural que los precios suban.

En el caso de las clínicas privadas se partió de un informe de la Contraloría que no se tomó el tiempo necesario para reunir información representativa y llegar a conclusiones válidas antes de hacerlo público. Al final, se dio pie a que algunos piensen que las clínicas privadas se habían comportado como “buitres”. En el caso del oxígeno medicinal, aparentemente muchos ofertantes (de diverso tamaño y grado de formalidad) han abusado de una situación extrema, ganándose el repudio de la población. Tal vez no hicieron algo ilegal, pero sin duda atentaron contra reglas no escritas de convivencia y contra el sentido común, que una vez más demuestra ser poco común, tanto por el acto de abuso como por la reacción al mismo.

Ahora, si bien defendemos la economía de mercado, no avalamos el capitalismo salvaje, el mercantilismo, ni lo que muchos consideran especulación desmesurada. En general, estamos en contra de aquellos actos que chocan con la solidaridad y el balance social. Sin embargo, el afán de lucro no es algo malo, es la motivación detrás de nuestro sistema económico. Es este afán el que ha permitido generar mucha riqueza en los últimos 30 años y sacar a más de 10 millones de peruanos de la pobreza. Es más, es lo que ha llevado a que, en el medio de la pandemia, se hayan mantenido millones de puestos de empleo y la provisión de servicios; no se debe satanizar.

Sin embargo, los abusos no deben tolerarse. Lo importante entonces, es distinguir entre abusos y movimientos propios del mercado. Y para poder diferenciar, se necesita buena información. El funcionamiento eficiente del mercado requiere que todos los actores tengan acceso a información fidedigna.  Aquí hay mucho por hacer. En vez de levantar apresuradamente un dedo acusador, hay que proveer de información de manera oportuna. ¿Por qué no se opta por publicar los precios de las muestras o del oxígeno, todos los días y para todos los proveedores? Un mercado más eficiente impondría mayor control y disciplina que cualquier regulación.

Pensar que los controles de precios o las empresas públicas son la solución es simplemente ignorar los enormes costos que estos ya generaron en nuestro país. El estado actual de nuestros hospitales públicos es un botón de muestra. La prevalencia del sentido común no se asegura con leyes que carecen del mismo.

Publicado en Diario Gestión, 11 de junio de 2020

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