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¿Es Loreto parte del Perú?

Lima: Loreto: Alertan posible desborde del río Amazonas | NOTICIAS ...

Hace menos de dos semanas, se registró un nefasto incidente en Loreto, en la comunidad de Bretaña, provincia de Requena. Un grupo de nativos y colonos, azuzados por supuestos asesores indígenas ajenos a esta provincia, trataron de tomar las instalaciones de la empresa operadora del Lote 95 –actualmente el de mayor producción petrolera en la región–. Era la puesta en escena de la crónica de un delito anunciado, pues los dirigentes de la protesta lo habían advertido con antelación. A diferencia de lo sucedido con la Estación 5 del Oleoducto Norperuano (ONP) una semana antes, los manifestantes no pudieron tomar libremente las instalaciones del Lote 95, pues los esperaban miembros de la policía nacional y de la fiscalía.

Lo ocurrido la noche del 8 de agosto quedó grabado gráficamente para la posteridad. En el video que circuló en los medios de comunicación y en las redes sociales, se observa cómo un supuesto líder nativo (que después se comprobó que no lo era) precipita el ataque sobre los funcionarios de la empresa y sobre el destacamento policial. En el medio de la noche, en el medio de la selva, infringiendo la ley y la propiedad, esta turba se abalanzó con lanzas sobre los trabajadores y los policías armados, mientras que otros les disparaban perdigones. ¿Qué consiguieron? Lo que buscaban: sangre de tres nativos muertos y más de diez heridos, incluyendo policías que fueron sorprendidos por el ataque.

¿Quién es responsable? ¿O es que no los hay? Desgraciadamente, en la Amazonía peruana, las protestas por la ausencia del Estado en este vasto territorio, han tomado la forma de ataques a la industria petrolera y al ONP. Los daños ecológicos y monetarios causados a lo largo de los años han sido enormes. La mayoría de los derrames del oleoducto fueron causados por actos de sabotaje. Pero, con un Estado ausente y sin instituciones públicas que identifiquen ni persigan a los culpables, en nuestra Amazonía la ley no prevalece.

El año pasado, cuando estuve al frente de Petroperú, tratamos de promover el imperio de la ley y el orden firmando acuerdos de colaboración interinstitucional con el Ministerio Público y con el Ministerio del Interior. También articulamos esfuerzos para que esta población, olvidada a lo largo de nuestra historia, empezase a acceder a servicios públicos básicos. Promovimos el diálogo e, incluso me reuní con algunos de los que promovieron los desmanes de las últimas dos semanas. La tarea no es fácil, los retos son multidimensionales, pero no debemos cesar en el esfuerzo de promover el desarrollo de nuestro país en un marco de paz social y respeto por la naturaleza.

Es importante tomar consciencia de que los recientes eventos de la Estación 5 y del Lote 95 no son hechos aislados. Se trata de nuevos ataques a la industria petrolera, dentro de una secuencia sistemática de actos contra esta importante fuente de ingresos para Loreto. Esta región es muy rica en recursos naturales, pero muchos de sus pobladores son pobres o, incluso, indigentes. Es lógico que esta población demande más atención del Estado, pero debe hacerlo dentro del marco de la ley. Lo que no es razonable es que aquellos que dicen velar por los derechos de los nativos promuevan actos que ponen en peligro la vida de estos últimos o que generan más pobreza en la región.

Para romper con este ciclo, necesitamos fomentar el diálogo y actuar con firmeza, racionalidad y compromiso social, pero siempre dentro de los márgenes que imponen orden y la paz que demanda el Perú. El Estado, aunque muchas veces esté en falta, no puede renunciar al principio de autoridad. Loreto sí es parte del Perú, actuemos consecuentemente.

 

Publicado en Diario Gestión el 20 de agosto de 2020

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Al final, es una cuestión de confianza

Trust in politics | IPR blog

El 15 de julio, fecha en que el INEI debía publicar las cifras del crecimiento del PBI, se anunció el nombramiento de Pedro Cateriano como nuevo premier y la conformación de un nuevo gabinete ministerial. Esta noticia opacó aquella de la fuerte caída del PBI de mayo: -32.75%, pero poco podía hacer para aliviar la crisis económica. Aunque la salida de Vicente Zeballos de la PCM y su reemplazo por Cateriano fue bien recibida por muchos, todavía quedaba por ver qué cambios reales se podrían introducir en el último año del gobierno, que en la práctica solo tiene ocho meses.

Sin duda, el nombramiento de Pilar Mazzetti al Ministerio de Salud, fue considerado por muchos como una buena noticia. Y el que ella muy pronto empezase a aclarar las cifras de los muertos por la pandemia le generó credibilidad a ella y al gobierno (que hasta entonces había arrastrado los pies en materia de transparentar cifras relativas a las crisis sanitaria y económica). Sus diversas declaraciones han estado caracterizadas por ser realistas y acordes con el sentido común. Ojalá que ella continúe liderando la lucha contra el COVID-19 y contagie de realismo y transparencia al resto del gabinete.

Pero, luego llegó el discurso de 28 de julio del presidente Vizcarra, el cual para diversos analistas dejó mucho que desear. Algo de humildad hubiese ayudado, pero no se reconoció errores y al no hacerlo resultaba difícil anticipar mejoras sustanciales en el último año del gobierno. El presidente perdió la oportunidad de convocar a las diferentes fuerzas políticas alrededor de un plan concreto de corto plazo para enfrentar la actual crisis sanitaria y económica. A pesar de esto, la ciudadanía albergaba la esperanza de que el discurso del premier aclarase el panorama y presentase propuestas mínimamente consensuadas que generasen confianza. La capacidad de dialogar y la experiencia política de Cateriano seguramente lo ayudarían a ganarse el apoyo de las distintas tiendas políticas. Había que esperar.

Y vino el discurso de Cateriano: largo, tedioso y carente de una visión diferente de cómo enfrentar las crisis. Algunos opinan que se trató de más de lo mismo. Y dado que lo que se venía aplicando no había dado buenos resultados, difícilmente podía generar confianza, menos aún atraer nuevos aliados. Increíblemente, Cateriano no había tendido los puentes necesarios, negociado y llegado a acuerdos mínimos para obtener el apoyo que fue a pedir. Fue al Congreso sabiendo que no tenía el respaldo de la mayoría; pechó a los congresistas y estos lo tumbaron. ¡Qué pena, todos perdimos!

Entre las razones que explicarían la denegación de la confianza se menciona que para la izquierda el discurso habría sido muy proempresa y, sobre todo, prominero, mientras que, para algunos lobistas opuestos a la reforma universitaria, la permanencia del ministro de educación era inviable. Poco importa, el resultado perjudica a la mayoría de peruanos y refleja la incapacidad de dialogar, negociar y llegar a acuerdos. En vez del “divide y vencerás”, el Ejecutivo optó por el “une a tus enemigos y perderás”.

Ahora, a la crisis económica y sanitaria, se le ha agregado una crisis política innecesaria. Pareciera ser que nuestros políticos no han internalizado la gravedad de la situación del país. Necesitamos ponernos de acuerdo en torno a un plan de emergencia. No es momento de agudizar diferencias ni de pensar en el interés político o económico propio, sino de contribuir a que el Perú se ponga nuevamente de pie. Y para lograr esto es indispensable construir relaciones de confianza entre los actores relevantes, generando consensos alrededor de metas concretas de corto plazo.

Publicado en diario Gestión el 06 de agosto de 2020

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¿Artículo 70 o de vuelta a los 70?

El pasado miércoles 24, el presidente Martín Vizcarra dio un ultimátum a las clínicas privadas. Señaló que haría uso del artículo 70 de la Constitución Política –el cual prevé la expropiación de bienes en casos de necesidad pública– si las clínicas no llegaban a un acuerdo con el Estado respecto a las tarifas a cobrarse por la atención de pacientes por COVID-19. Hace ya algunas semanas que diversos políticos y medios de comunicación planteaban reintroducir controles de precios, regular los créditos e incrementar la injerencia del Estado en la economía. Pero que el presidente de la república anuncie que está analizando la posibilidad de expropiar empresas privadas es algo diferente, constituye un hito peligroso, que marcaría claramente que hemos empezado a desandar lo mucho que habíamos avanzado en los últimos 30 años. ¡Qué pena!

¿Por qué anunció esto el presidente? ¿Cuánto tiempo toma hacer una expropiación en el Perú? ¿Tiene sentido expropiar una clínica para hacer uso de unas cuantas camas UCI? ¿O es que se estaba pensando en expropiar las camas? ¿Cuántas camas UCI hay disponibles en las clínicas privadas? A continuación, ensayo algunas respuestas a estas cinco preguntas: (i) Ni idea; habrá que preguntárselo a él, a sus ministros y/o a sus asesores. En cualquier caso, ha sido una tremenda equivocación. (ii) Una expropiación puede tomar varios años en el Perú. (iii) No hay que expropiar toda una clínica para que el Estado pueda acceder a sus servicios. (iv) Expropiar camas UCI carece de sentido; lo que se requiere es acceder al servicio, que requiere de personal especializado. (v) Las clínicas privadas tienen cerca de 240 camas UCI y en la actualidad están usando cerca del 90% de las mismas.

El día de la referida declaración presidencial, en Lima habían menos de 25 camas UCI disponibles en las clínicas privadas. Así es, todo este lío se habría generado por menos de 25 camas UCI. En caso que el anuncio no haya sido hecho con el fin de resolver la tarifa a pagar por 25 camas, entonces debe haber otra razón –algunos piensan que se trataría de una jugada política para incrementar la popularidad del presidente–, pero también debemos contemplar la posibilidad de que no haya habido una buena razón, que se trate simplemente de una equivocación, muy costosa por cierto, como veremos seguidamente.

Si lo que se buscaba era poder hacer uso de la plataforma privada de salud en la actual crisis sanitaria, no era necesario amenazar con una expropiación que, por cierto, no podría ejecutarse en el corto plazo requerido y que resultaba impracticable (¿acaso se imagina usted al Estado tratando de expropiar la unidad de cuidados intensivos o el ala de neumología de una determinada clínica?). Lo único que se necesitaba era aplicar el artículo 82 de la Ley General de Salud, el cual señala que: <<En la lucha contra las epidemias, la Autoridad de Salud queda facultada para disponer la utilización de los recursos médico-asistenciales de los sectores público y privado existentes en las zonas afectadas y en las colindantes>>.

Dicho artículo no implica que no haya que pagar por estos recursos, por lo que igual había que ponerse de acuerdo en el costo. Pero para ponerse de acuerdo, todas las partes tienen que hacer un esfuerzo. En este episodio hubo algunos actores que no estuvieron presentes en las mesas de diálogo a fin de poder llegar a acuerdos –por ejemplo, ESSALUD, que tiene más del doble de camas UCI que todas las clínicas privadas juntas–. Por otro lado, las nuevas autoridades del SIS parecen no ser muy afectas al intercambio de ideas, sino a la imposición de las suyas; mientras que las clínicas privadas no lograron transmitir con claridad la razonabilidad de sus propuestas. Es más, algunas de ellas maximizaron a corto plazo, sin mayor consideración por el aspecto humano del problema, y sin pensar en las consecuencias a largo plazo de sus acciones ni en las consecuencias de estas sobre el conjunto de clínicas. Ahora, muchos peruanos, aparentemente empezando por el presidente Vizcarra, piensan que las clínicas privadas son unas desalmadas a quienes solo les importa el lucro y no las vidas de las personas. ¡Tremendo trabajo que les queda por delante para modificar conductas y recomponer su imagen!

Por qué el presidente prefirió referirse al artículo 70 de la Constitución –de poca relevancia práctica para este caso–, en lugar de referirse al artículo 82 de la Ley General de Salud.  ¿Por qué si lo que buscaba era solucionar el problema no citó a las partes a Palacio y los instó a ponerse de acuerdo por el bien del país y de ellos mismos, pero en privado y sin amenazas? Con la enorme autoridad que comanda, habría resuelto el problema en cinco minutos. ¿Sabía el presidente que el problema era de menos de 25 camas y que, por lo tanto, lo que estaba en juego era menos de 50,000 soles diarios? ¿Se lo informó el Ministerio de Salud? ¿El Ministerio de Economía y Finanzas había evaluado el impacto en términos de incertidumbre y del clima de inversión de la declaración presidencial del miércoles? ¿El gobierno ha pensado en el efecto que esto tendrá en términos de menos inversión, más desempleo y mayor pobreza? ¿Quién le hizo el análisis costo-beneficio del caso, señor presidente?

Si bien, el mismo miércoles en la noche, las clínicas privadas y el Estado llegaron a un acuerdo, poco podemos decir sobre si este es razonable o no. Entiendo que un acuerdo razonable sería aquel que permita acceder a los servicios UCI de las clínicas privadas pagando su justiprecio. Si, bajo la amenaza presidencial, se llegó a un precio por debajo del límite inferior de lo que constituye un precio justo, la negociación no habría sido un éxito, se trataría de una coacción que irremediablemente generará incentivos perversos y más problemas a futuro. Si, por otro lado, se llegó a un precio por encima del precio justo, entonces… mejor no hacer comentarios.

No conozco la estructura de costos de la atención de pacientes con COVID-19 en las clínicas, pero es difícil entender por qué una tarifa plana de 55,000 soles por paciente, así la estadía dure de un día o más de treinta, resultaría razonable. Los incentivos son espantosos: prolongar la vida reduce las ganancias de las clínicas y puede generarles grandes pérdidas. Seguramente, los errores de diseño se podrán corregir con el tiempo –ojalá– pero las observaciones aquí presentadas demuestran que forzar soluciones de manera apresurada puede resultar contraproducente.

Nuestro ordenamiento jurídico prevé que todo proyecto de norma deba venir acompañado de un análisis costo-beneficio. Aunque nuestra práctica legislativa dista mucho de cumplir seriamente con este requerimiento, sería altamente recomendable que el Ejecutivo lo tome en cuenta en su quehacer diario. Seguramente si el presidente Vizcarra hubiese contado con asesoría económica adecuada, habría podido anticipar los enormes costos de su anuncio –los cuales se irán materializando en los siguientes meses– y los diminutos beneficios, si alguno, del mismo. En este escenario, Vizcarra –un hombre inteligente y consecuente–, jamás habría hecho la declaración que hizo.

También es cierto que si los equipos que negociaron apuradamente y bajo presión el acuerdo del miércoles por la noche, con el apoyo de notables peruanos, hubiesen contado con el necesario apoyo en materia de análisis económico, seguramente habrían llegado a un acuerdo diferente, más beneficioso para el país. Es importante señalar que la negociación no se trataba de un “juego de suma cero” (en el que lo que gana uno lo pierde el otro), podía ser uno de suma positiva. Sin embargo, la presión impuesta por el anuncio presidencial junto a la falta de entendimiento y/o la necesidad de agradar a las altas esferas del poder de algunos funcionarios convirtieron a este juego en uno de suma negativa. Todos hemos perdido.

Ojalá no retrocedamos en el tiempo, no solo en términos de ingreso per cápita y pobreza, sino en términos de ideas y madurez como sociedad. Desgraciadamente, es muy fácil saltar del artículo 70 a los años 70, cuando el país –gracias a ideas que hoy en día vuelven a la palestra– cayó en un larguísimo declive. No cometamos los mismos errores. El populismo está a la vuelta de la esquina, aquí en el Perú y en muchos países del mundo. La frustración y la desesperación de los pueblos en el actual contexto de pandemia constituyen un buen caldo de cultivo para el resurgimiento del populismo. A los líderes políticos les toca guiar a sus pueblos, apartarlos de los peligros de los cantos de sirena, decirles la verdad y gestionar sus gobiernos con eficiencia y transparencia. Esperamos que usted lo haga señor presidente. La mayor parte de los peruanos le deseamos éxito, pues el mismo nos beneficiará a todos.

Publicado en Revista El Reporte, 28 de junio de 2020

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Noticias

Nos complace compartir con ustedes que Intelfin Estudios y Consultoría SAC., ha sido reconocida dentro de los mejores expertos y peritos en temas económicos y financieros 2020, del Ranking “Dispute Resolution – PERÚ 2020″ de la prestigiosa empresa Leaders League”.

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“El 2019: ¿business as usual?” – Gestión 10/01/19

A pesar que el 2018 nos trajo resultados económicos sorprendemente positivos, seguir haciendo “más de los mismo” en el 2019 contribuiría a que la ralentización de la economía se consolide. La columna de Carlos Paredes, gerente general de Intelfin, resalta la necesidad imperiosa de mejorar la calidad de la gerencia en el sector público; los invitamos a leerla en el siguiente enlace.

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Cambio de timón y continuidad en la política de lucha contra la anemia en el sector salud

El lunes 7 de enero, Zulema Tomás asumió la titularidad del Ministerio de Salud, tras la renuncia de Silvia Pessah. La nueva Ministra de Salud asume la cartera para continuar con una serie de objetivos y acciones estratégicas en materia de nutrición y salud materno neonatal de cara al bicentenario. Durante la gestión anterior, se priorizó como meta de política la prevención, control y reducción de la anemia infantil en los establecimientos de salud, a través de directivas, planes estratégicos y la articulación de programas presupuestales.

A raíz de la meta planteada, importantes resultados en prevención de anemia han sido alcanzados. Por ejemplo, durante el primer semestre de 2018, el 60.8% de niñas y niños menores de 3 años contó con controles de crecimiento y desarrollo (CRED) completos. Esta cifra supera significativamente lo alcanzado en 2013, cuando apenas la mitad de niñas y niños habían pasado por controles CRED. Con ello, el personal de los establecimientos de salud facilitó el diagnóstico y la intervención oportuna de deficiencias y discapacidades que atentan contra el desarrollo infantil temprano.

Sin embargo, aún existe una brecha significativa en las estrategias para controlar y reducir la prevalencia de anemia infantil. Según el INEI, entre 2017 y la primera mitad de 2018 la prevalencia de anemia en niñas y niños de 6 a 35 meses se ha incrementado, pasando de 43.6% a 46.6% (ver Gráfico 1). Además, solo 3 de cada 10 infantes de este rango de edad consumen suplemento de hierro y este resultado no se ha incrementado desde el año 2015, a pesar de ser una intervención de comprobada eficacia y recomendada por la OMS para países con niveles de prevalencia de anemia infantil mayores al 20%.

De acuerdo con la OMS, la prevalencia de anemia infantil en el Perú es una de las más altas en América Latina, muy por debajo de los resultados alcanzados por Chile (20%), Colombia (27%) y México (28%). En adición, más allá de la intervención con micronutrientes, entre las estrategias más exitosas implementadas a nivel de la región resaltan: (i) la promoción de la lactancia materna exclusiva; (ii) el potenciamiento de los sistemas de visitas domiciliarias, a través del personal técnico de los centros de salud (entrega de micronutrientes, controles CRED y medición periódica de los niveles de hemoglobina); (iii) la coordinación de campañas de difusión sobre uso y consumo de alimentos complementarios, como la harina de trigo, sangrecita (en Perú), entre otros (llamadas sesiones demostrativas en Perú); y (iv) la implementación de políticas que brinden acceso a agua potable y un manejo adecuado de los residuos.

Asimismo, hay una serie de intervenciones que deben ser coordinadas con los gobiernos regionales y locales para tener una mayor efectividad. De esta manera, se resalta la importancia de generar un trabajo articulado entre el Ministerio de Salud y las nuevas autoridades electas a nivel regional y local.

La agenda en materia de salud debería iniciar con la focalización de recursos hacia estrategias de mayor impacto y buscar consensos entre actores, políticas y programas públicos clave. El reto por delante que enfrenta el Ministerio de Salud para cumplir con la meta planteada por el sector al 2021 (porcentaje de niñas y niños entre 6 y 35 meses con anemia de 19%) aún es arduo, pero no imposible.

Fuente: Andina
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Opinión Diario Gestión: Un buen año 2018 y un mejor 2019 por Carlos Paredes

Resulta indispensable que el progreso que hemos alcanzado en el terreno económico sea complementado y fortalecido desde el campo de las instituciones políticas. En este sentido, la reforma política y judicial anunciada por el gobierno es un elemento central de la agenda pendiente.  El director de Intelfin, aborda este tema en su columna del Diario Gestión (Perú)

Descarga la columna completa aquí

 

 

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